Estos animales, descendientes de los que fueron introducidos ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar en los años 80, se han convertido en una especie invasora que representa riesgos tanto para el ecosistema como para las comunidades cercanas.
Según las autoridades, la medida busca controlar el crecimiento desbordado de la población, que en los últimos años ha aumentado significativamente, afectando la fauna y flora local. Sin embargo, la decisión ha provocado un intenso debate. Mientras algunos respaldan la medida por razones ambientales y de seguridad, otros la rechazan, argumentando que existen alternativas como la esterilización o traslado de los animales.
